Durante la jornada, desarrollada en la sede de CCOO de Salamanca, se trataron distintas cuestiones relacionadas con las políticas públicas de transición energética, el estado del sector en la comunidad y los riesgos e impactos asociados al biogás. También se analizaron las posibles oportunidades que podrían derivarse para el empleo, los ingresos del sector agrario y la soberanía energética, todo desde diferentes perspectivas, experiencias y conocimientos.

El encuentro contó con la participación de representantes del IDAE, Fundación Renovables, Ciemat, UPA, ENAGAS y CCOO. La sesión se configuró como una oportunidad para debatir sobre sostenibilidad, innovación tecnológica y empleo en Castilla y León, con el objetivo de aportar análisis y conocimiento de cara a avanzar hacia un modelo energético más limpio, seguro y justo.

El estudio presentado se enmarca en el Plan de Trabajo de las Actuaciones de difusión, seguimiento y desarrollo del IV Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Empresarial de Castilla y León. En él se examina la evolución del sector del biogás y el biometano en Europa, España y Castilla y León, así como sus implicaciones socioeconómicas y ambientales.

En Europa, el sector ha experimentado un notable crecimiento durante las últimas décadas, con más de 20.000 instalaciones en funcionamiento y países como Alemania, Dinamarca y Países Bajos destacando gracias a políticas públicas estables y programas de incentivos. La Unión Europea ha fijado objetivos ambiciosos: producir 35.000 millones de metros cúbicos de biogás y biometano en 2030 y cubrir hasta el 62% de la demanda de gas con fuentes renovables en 2050.

España, por su parte, se encuentra aún en una fase inicial. Actualmente existen unas 260 instalaciones de biogás, principalmente vinculadas a la gestión de residuos urbanos e industriales, y solo 16 plantas de biometano en operación. La producción eléctrica conjunta del biogás alcanza 2,74 TWh al año, cifras alejadas del desarrollo europeo.

CCOO Castilla y León ha subrayado que el análisis realizado pone de manifiesto elementos que requieren valoración integral: desde los posibles efectos en el empleo y la economía rural hasta la necesidad de garantizar condiciones laborales adecuadas, formación profesional especializada y modelos de implantación respetuosos con el medio ambiente y con la gestión responsable de residuos. El sindicato destaca que las conclusiones del estudio invitan a continuar el debate social y técnico en torno a este sector emergente.