Este estudio forma parte de la serie de análisis sobre la situación y evolución reciente de los salarios y de los costes laborales en nuestra Comunidad que, con carácter trimestral, lleva a cabo CCOO de Castilla y León. En este caso, el informe se deriva de los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) correspondientes al segundo trimestre de 2026, que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística.
Principales conclusiones:
Castilla y León sigue teniendo salarios sustancialmente inferiores a la media estatal y, en el último año, la brecha se ha ampliado. El salario ordinario medio del segundo trimestre de 2026 (1.889 € mensuales) es un 10,7% inferior al del conjunto de España (2.115 €), cuando un año antes la diferencia era del 10,0%. La causa es que los salarios ordinarios crecen un 2,8% en nuestra Comunidad frente al 3,6% nacional, de modo que, lejos de converger, nos alejamos de la media estatal. Como consecuencia, Castilla y León cae una posición y se sitúa como la sexta comunidad con menores salarios del país. Por sectores, solo la construcción crece por encima de la media nacional (+6,8% frente a +4,2%), mientras que los servicios, que concentran el grueso del empleo, registran la mayor brecha (un 13,5% inferior al promedio del Estado).
Este menor crecimiento salarial se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. Con una inflación idéntica en ambos territorios (+3,2%), los salarios reales caen un 0,4% en Castilla y León, mientras que en el conjunto de España aumentan un 0,3%. Los salarios reales vuelven así a terreno negativo, algo que, desde su recuperación en 2023, solo había ocurrido de forma puntual en el segundo trimestre de 2024. Este deterioro tampoco es nuevo: durante 2021 y 2022 los salarios reales cayeron en nuestra Comunidad con más intensidad que en el conjunto del país (en promedio, en torno a 2 puntos más). A ello se suma un contexto de tensión geopolítica y energética, con el conflicto en Irán como principal factor, que ya ha empezado a trasladarse a los precios y que, de prolongarse, seguirá presionando el poder adquisitivo de los hogares, especialmente el de los de menores rentas.
Además, el IPC subestima el deterioro real del nivel de vida de las personas trabajadoras, porque no incluye el precio de compra de la vivienda. Tomando como referencia el primer trimestre de 2018, el Índice de Precios de la Vivienda ha crecido un 35,5% en términos reales, mientras que los salarios ordinarios reales se sitúan un 1,7% por debajo de ese nivel. Esta realidad debe estar presente en la negociación colectiva: los incrementos pactados en los próximos convenios deben superar con claridad la variación del IPC e incorporar cláusulas de revisión salarial vinculadas a la inflación real, de modo que ningún repunte inesperado de los precios vuelva a recaer íntegramente sobre las nóminas.
El aumento de las retribuciones en Castilla y León responde a una mejora del salario por hora y no a una mayor jornada. El salario ordinario por hora efectiva crece un 2,8%, mientras que las horas efectivas trabajadas se mantienen estables (0,0%). Sin embargo, el avance es sensiblemente menor que a nivel nacional, donde el salario por hora aumenta un 4,3% y las horas efectivas disminuyen un 0,7%. Por ello, la brecha en el salario por hora (1,5 puntos) es casi el doble que la del salario mensual (0,8 puntos). Esto pone de manifiesto el papel de la negociación colectiva en la mejora de las condiciones salariales y refuerza la necesidad de seguir impulsando convenios que permitan avanzar en la convergencia con el conjunto del país.
En cuanto al tiempo de trabajo, las empresas de Castilla y León pagan 150,5 horas al mes por persona trabajadora, 1,3 horas menos que a nivel nacional. Esta diferencia es modesta en el total, pero mucho más marcada en la jornada parcial (86,9 horas pagadas, 8,0 menos que en España). Además, la proporción entre las horas efectivas trabajadas en jornada parcial y las de jornada completa aumenta en el último año, hasta el 53,3% en Castilla y León (51,8% en el segundo trimestre de 2025) y el 57,5% en España (56,7%). Esta evolución refleja una transformación gradual en la distribución del tiempo de trabajo que convendrá seguir analizando en los próximos trimestres para valorar sus implicaciones sobre la organización del empleo y la negociación colectiva.
Por otro lado, Castilla y León ha mostrado, históricamente, un menor dinamismo del empleo. Desde el primer trimestre de 2018, la población ocupada de nuestra Comunidad ha crecido un 10,5%, en torno a la mitad que el 20,7% del conjunto de España. En 2026, Castilla y León comenzó el año a contracorriente del ciclo expansivo nacional, con unas 3.300 personas ocupadas menos en el primer trimestre respecto del mismo trimestre de 2025 (−0,3%). En el segundo trimestre retoma el crecimiento (unas 10.900 personas ocupadas más, +1,0%), pero lo hace a menos de la mitad del ritmo nacional (+2,3%, unas 510.300 personas ocupadas más).
Los datos analizados tampoco respaldan que el coste laboral sea el principal obstáculo para la contratación en Castilla y León. Los costes laborales de nuestra Comunidad (3.015 € mensuales) son un 11% inferiores a la media nacional, y es la sexta comunidad con menor coste laboral del país. Solo el 6,9% de los centros de trabajo que no ofertan vacantes alega el elevado coste de contratación, frente al 87,7% que declara no necesitar ningún trabajador. Mientras tanto, las vacantes disminuyen un 1,1% en el último año, frente al aumento del 1,3% en España. Resulta necesario avanzar hacia modelos empresariales capaces de atraer y retener talento mediante mejores condiciones laborales, mayor estabilidad en el empleo y una mejora de la productividad.
La creación de empleo es esencial para Castilla y León, puesto que resulta clave para paliar la pérdida de población joven, que tiene dificultades para encontrar su primer empleo en sus ciudades de origen y se ve abocada a emigrar. En este sentido, la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial favorecería una mejor conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, contribuiría a la creación y el reparto del empleo, y ayudaría a combatir el problema del envejecimiento de nuestra Comunidad. Además, garantizar un registro eficaz y veraz de la jornada laboral permitiría combatir las horas extraordinarias que no se pagan, no se cotizan y no se declaran, corrigiendo una forma de competencia desleal que perjudica tanto a las personas trabajadoras como a las empresas que sí cumplen con sus obligaciones.
Mejorar los salarios y las condiciones laborales no constituye únicamente una medida de justicia social, sino también una política económica que fortalece la demanda interna, impulsa el consumo, favorece la actividad empresarial y contribuye a reforzar la financiación de los servicios públicos mediante una mayor recaudación.
Desde CCOO de Castilla y León seguiremos trabajando y aportando propuestas que contribuyan a avanzar hacia un modelo de sociedad más justo y equitativo, con mejores condiciones laborales y una mayor calidad de vida para las personas trabajadoras de nuestra Comunidad, a través de nuestro papel en la negociación colectiva y el diálogo social.
Puedes consultar el informe completo aquí.
